Resumen

Según las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 50% de la población mundial carece de cualquier tipo de cobertura social, mientras que el 80% dispone de una protección insuficiente. La crisis ha revelado la importancia de la Seguridad Social para paliar sus efectos sociales más sangrantes, revelándose como el instrumento más rápido y eficaz para el alivio de la pobreza.

Las propuestas del Banco Mundial y de la OCDE atribuyen un papel central en la provisión de pensiones al mercado, asignando a los sistemas públicos de pensiones un papel de lucha contra la pobreza. Este método, inspirado en la idea de la gestión individual del riesgo social, al reducir las prestaciones proporcionadas por los sistemas de reparto, a la vez que debilita el apoyo social a éstos, ensancha el campo de las pensiones privadas. Ese proceso es muy desigual, estando muy extendido en numerosos países de América Latina. El desempleo y la informalidad, al obstaculizar el desarrollo de cotizaciones a los sistemas de pensiones durante períodos amplios de tiempo, impiden el acceso a pensiones basadas en cotizaciones previas. Aunque la superación de esa situación debe constituir una prioridad, mientras la misma se mantenga es preciso la concesión de pensiones no contributivas, no basadas en cotizaciones previas. Tres países de América Latina lo acreditan: Chile, Argentina y Bolivia